El debate sobre la Ley CLARITY se presenta como una discusión regulatoria. En realidad, es una lucha por la arquitectura futura de los mercados financieros. Durante años, las criptomonedas operaron en incertidumbre regulatoria. Esa incertidumbre limitó la participación institucional, aumentó el riesgo de cumplimiento y ralentizó la formación de capital. La pregunta actual ya no es si los activos digitales deben regularse. La pregunta es qué marco los gobernará y quién lo controlará.