La Proposición 40 de California podría redefinir para siempre la tributación estatal, ¿pero realmente sobrevivirá en los tribunales? El último análisis de la National Taxpayers Union (NTU) sobre el propuesto impuesto al patrimonio del 5% en California (Proposición 40) revela graves defectos estructurales y constitucionales. Aunque la propuesta busca generar un ingreso de $100 mil millones al targetear a los 200 billonarios más ricos, la realidad de su implementación se parece a una pesadilla administrativa y legal. La Proposición 40 exige un impuesto del 5% sobre el patrimonio neto total, lo que significa que empresas de propiedad privada, propiedad intelectual y activos altamente volátiles como el cripto son objetivos válidos. La Franchise Tax Board no tiene infraestructura existente para valorar con precisión estos activos ilíquidos, preparando el escenario para años de litigios costosos. Incluso desacuerdos de buena fe sobre la valoración podrían desencadenar consecuencias desastrosas. Las subestimaciones fiscales enfrentan multas agresivas del 20% al 40%, y hasta los peritos enfrentan sanciones financieras separadas, lo que hará extremadamente difícil y costoso obtener valoraciones de terceros. La NTU ha identificado al menos ocho fundamentos distintos para desafíos legales, incluyendo violaciones a las Cláusulas de Debido Proceso y Comercio. Lo más evidente es la instantánea retroactiva de residencia (tributar el 100% de la riqueza mundial basándose en la residencia al 1 de enero de 2026, independientemente de cuándo se acumuló la riqueza). A pesar de la ganancia anunciada de $100 mil millones, estudios independientes sugieren que la fuga de capital y la pérdida de ingresos fiscales estándar por renta y ventas de residentes que se vayan resultarán en una pérdida neta de $25 mil millones para el estado. Los impuestos al patrimonio históricamente fracasan a nivel global: 12 naciones de la OCDE los aplicaban en los años 90; hoy solo 4 lo hacen. Pero hasta que los tribunales lo anulen, una defensa proactiva es obligatoria.
Ralph Mendoza, EACompartir
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